México
del Norte
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“Celebra la Secretaría de Relaciones Exteriores
los fallos pro-migrantes en EU”, titula escuetamente un periódico mexicano la
nota de la reacción allá en el sur sobre la cancelación de un montón de artículos
de leyes anti-inmigrantes aprobadas por los congresos estatales gringos.
En
detalle, la “celebración” se debe a que la Corte de Apelaciones del 11 Circuito
dejó sin efecto algunas disposiciones de la ley HB87 de Georgia y la Ley HB56 de
Alabama, que establecían entre otras lindezas, que los contratos de varios
tipos que se hicieran con inmigrantes indocumentados no tendrían reconocimiento
judicial. En otras palabras, un contrato de trabajo, un contrato de compra-venta
de una casa y mil transacciones económicas más podían ser legalmente
desconocidos por una de las partes (obviamente la parte “documentada”), y dejar
colgados de la brocha a los compradores o trabajadores. La ley dejaba a los
inmigrantes indocumentados a la deriva, dificultándoles la vida en muchos
aspectos.
La
otra parte clave de las suspensiones es la sección 28 de la Ley HB56 de
Alabama, que obligaba a las escuelas a conseguir información sobre la situación
migratoria de los nuevos estudiantes que entraran a las escuelas públicas del
estado, bajo el argumento de que interfieren directa e indebidamente con el
derecho constitucional de los menores de edad a la educación.
El
fallo de la Corte de Apelaciones da un respiro, pequeño, a la situación cada vez
más grave para miles de inmigrantes en Estados Unidos que no solamente tienen
que cuidarse de que se los lleve la Migra o los corran del trabajo gracias a
los programas de la administración de Barack Obama, sino hasta de las
administraciones escolares vueltas migra o los comerciantes que se los quieran
tranzar.
Y a
Media Celebrada…
Nomás que a media celebrada por el fallo de
la Corte gringa, le cayó el cubetazo de agua helada al calderonismo, cuando se
reveló, en ocasión del segundo aniversario de la masacre de San Fernando, que en
este sexenio han desaparecido 70 mil personas en tránsito hacia el Norte.
“Durante
el sexenio del presidente Felipe
Calderón se emprendió una política de terror en
materia migratoria, caracterizada por asesinatos, secuestros y torturas contra
miles de migrantes que transitan por territorio nacional”, se dijo en el evento,
y que “el gobierno federal deja una deuda en la protección de las garantías y
seguridad de ese sector”.
Hace
dos años por estas fechas se hallaron los cuerpos de 72 migrantes en una fosa
clandestina en San Fernando Tamaulipas, y el caso será analizado por el
Tribunal Permanente de los Pueblos como crimen de Estado y de lesa humanidad, y
posiblemente como genocidio, según el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López. Como en el
caso de San Fernando, en grupos o de uno en uno, ha cobrado desde 2006, unos 70
mil migrantes han desaparecido en el país, muchos de ellos encontrados en fosas
clandestinas en diferentes ciudades, según la denuncia de Vera López.
“Las
políticas migratorias del gobierno mexicano no son de apoyo o asistencia sino
de control, y su finalidad es evitar que lleguen a Estados Unidos. Es muy
clara la impunidad en la que se deja actuar al crimen organizado, es una
política de terror”, afirmó el prelado, y agregó que “San Fernando exhibe la
complicidad entre quienes están en los retenes supuestamente para capturar a
los migrantes y deportarlos. Son esos mismos policías quienes entregan a los
migrantes a los delincuentes en las casas de seguridad, lo que significa un
aumento de la putrefacción de las estructuras de administración de la justicia”.
Es otro de esos
casos de “candil de la calle, oscuridad en la casa”. El gobierno mexicano
respondió, forzadamente, obligado por las denuncias no solamente en México sino
de la comunidad internacional, votando al vapor la Ley Mexicana de Migración, y
sacando las fotos del Padre Solalinde en primera plana.
Hoy, a dos años,
de San Fernando, Solalinde vive medio escondido y de hecho abandonó el país por
una temporada, ante las amenazas de muerte, y la Ley no entra en vigor porque
sin Reglamento simplemente no puede aplicarse. Efectivamente, un pendiente es
que el régimen de Felipe
Calderón no ha terminad todavía el Reglamento que debe
acompañar la famosa Ley de Mexicana de Migración, esa que con tanta premura
aprobó el Congreso el año pasado con gran escándalo y que se utilizó para
tremenda campaña publicitaria en su favor, con la foto al frente del Padre
Solalinde.
Francamente, no
veo que fallo “celebra la Secretaría de Relaciones Exteriores, si a final de
cuentas son mucho peores las políticas del gobierno mexicano contra los
inmigrantes, que dejan muertos por miles, que las leyes anti-inmigrantes
gringas…
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